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Roberto López Arrieta
Guanajuato.– La decisión del Poder Legislativo de Guanajuato de impugnar un amparo ganado por colectivas feministas desató una fuerte polémica en el Congreso local. Las diputadas Sandra Alicia Pedroza Orozco (Movimiento Ciudadano) y Martha Edith Moreno (Morena) criticaron severamente la acción y exigieron que se aclare formalmente qué autoridad dio la instrucción de interponer dicho recurso legal.
El conflicto legal escaló luego de que la Red de Acompañantas León y la organización “50 Mujeres” obtuvieran un amparo a favor de la despenalización del aborto. Paralelamente, el Congreso local ya enfrenta un plazo otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) —derivado de un litigio del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)— para eliminar del Código Penal la criminalización de las mujeres que interrumpen su embarazo antes de las 12 semanas de gestación. Pese a este escenario, la mayoría legislativa optó por impugnar la resolución de las colectivas, lo que estas últimas denunciaron como una estrategia de criminalización institucional.
“Argumentos del siglo XIX”
Durante su intervención, la diputada Sandra Pedroza Orozco lamentó la postura del Congreso y señaló que la resistencia de la mayoría carece de sustento legal moderno.
“Aunque jurídicamente las victorias ya sean contundentes y las derrotas indefendibles, eso es exactamente lo que está ocurriendo en Guanajuato. Mientras las colectivas feministas construyeron uno de los litigios estratégicos más importantes en la historia reciente del estado, el Congreso decidió responder con argumentos del siglo XIX, con resistencia y, lo más grave, utilizando facciosamente el poder público para posicionar una postura ideológica”, sostuvo la legisladora.
Pedroza Orozco enfatizó que el activismo de las mujeres organizadas ha venido a subsanar el trabajo que el propio Congreso se ha negado a realizar en materia de derechos constitucionales. Recordó que un juzgado federal ya le dio la razón a las demandantes al advertir que los artículos 159, 160, 162 y 163 del Código Penal del estado conforman un sistema normativo que restringe los derechos humanos de las mujeres.
“De verdad, ¿no les da vergüenza? ¿No les da vergüenza que tengan que ser los tribunales federales y la propia Suprema Corte quienes tengan que venir una y otra vez a recordarle a este Poder Legislativo que debe cumplir con sus obligaciones constitucionales?”, cuestionó firmemente.
Al reclamo se sumó la diputada de Morena, Martha Edith Moreno, quien respaldó la propuesta de su compañera y exigió que las áreas administrativas del Congreso transparenten el origen de la impugnación.
“Exijo claridad y respaldo la propuesta. Necesitamos saber qué está pasando desde las diferentes áreas del Congreso y quién dio la orden de impugnar una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, concluyó Moreno.
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