El Congreso de Guanajuato realizará mesas de trabajo del 25 al 27 de mayo para consultar a niñas, niños y adolescentes sobre la despenalización del aborto, ante el inminente vencimiento del plazo ordenado por la SCJN.
En un ejercicio sin precedentes para el estado, el Congreso de Guanajuato anunció que incluirá a la población infantil y adolescente en el debate legislativo para acatar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Las mesas de consulta con este sector se desarrollarán entre el 25 y el 27 de mayo, como parte integral del proceso de análisis para reformar el Código Penal estatal.
El diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor, presidente de la Comisión de Justicia, confirmó que la Secretaría Técnica del Congreso es la instancia responsable de diseñar el material didáctico y la metodología adecuada, dado que aún se encuentran definiendo los cuestionamientos específicos para abordar el tema con los menores de edad.
El factor tiempo representa el mayor reto para los legisladores locales. El Congreso opera contra el reloj luego de que la SCJN dictara un plazo estricto de 90 días para eliminar la criminalización de la interrupción del embarazo en la entidad. Sobre este límite de tiempo, el legislador precisó el estatus del proceso:
“Hay un desfase de uno o dos días para cumplir el plazo marcado por la Suprema Corte. Esperaría al 27 de mayo para definir las fechas siguientes. Podría pasar al siguiente periodo legislativo, pero si el Congreso es consciente, podemos llamar a una sesión extraordinaria”, declaró el diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor, presidente de la Comisión de Justicia.
El actual periodo ordinario de sesiones concluye el próximo 30 de junio. Sin embargo, el dictamen podría requerir más tiempo debido a la extensa agenda de participaciones. El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) propuso integrar a más de 80 agrupaciones en las mesas de trabajo, una apertura que ha extendido las jornadas de cabildeo.
Finalmente, el legislador hizo un llamado a las fuerzas políticas para evitar que este mandato judicial se utilice como bandera electoral, enfatizando la necesidad de garantizar el derecho a decidir y de escuchar a las minorías históricamente relegadas en el estado antes de llevar el dictamen final al Pleno.
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