El Congreso de Guanajuato analiza reformas al Código Territorial para prohibir el uso comercial en áreas forestales incendiadas por 20 años y crear programas de vivienda para jóvenes, impulsando la protección ambiental y el desarrollo social.
La Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública del estado de Guanajuato llevó a cabo mesas de trabajo para debatir modificaciones estratégicas al Código Territorial. Las propuestas, analizadas en el recinto legislativo, abordan dos problemáticas urgentes a nivel estatal y nacional: la protección de los ecosistemas tras siniestros ambientales y la crisis de acceso a la primera casa para la población juvenil.
La primera iniciativa legislativa plantea prohibir cualquier actividad comercial, así como negar el cambio de uso de suelo, en terrenos forestales afectados por incendios, tala ilegal o desmonte durante un periodo de 20 años. El objetivo de la propuesta es prevenir la especulación inmobiliaria y garantizar la regeneración acreditada de la zona. Durante el análisis, se debatió la jurisdicción de estas medidas, señalando que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) es la autoridad federal competente para emitir permisos forestales. No obstante, se planteó adaptar la redacción para aplicar esta veda específicamente en Áreas Naturales Protegidas y zonas de restauración bajo la competencia del estado.
En la segunda mesa técnica, el debate se centró en la implementación de esquemas inmobiliarios para las nuevas generaciones. La Diputada Luz Itzel Mendo González, promotora de ambas iniciativas, detalló los retos que enfrenta este sector para formar un patrimonio.
“Garantizar el acceso a la vivienda para las personas jóvenes en Guanajuato implica diseñar programas que respondan a sus condiciones económicas, promuevan esquemas de crédito flexibles y fortalezcan la colaboración entre gobiernos, sector privado y sociedad civil”, declaró la Diputada Luz Itzel Mendo González.
La legisladora argumentó que atender esta demanda es imperativo para impulsar la movilidad social y romper los ciclos de dependencia económica. Sin embargo, el análisis técnico evidenció retos operativos y presupuestales. Se detalló que la Secretaría del Nuevo Comienzo carece de facultades legales para operar fondos de ahorro, y que los actuales subsidios estatales están etiquetados para priorizar a más de un millón de habitantes que ya cuentan con capacidad crediticia pero carecen de inmueble propio. El impacto económico de la propuesta continuará en revisión por la comisión hasta su futura dictaminación.
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