El exdirector de Transporte de Guanajuato, Jorge Fernando Valencia Gallo, cumplirá cuatro años y medio de prisión por cohecho. El exfuncionario estatal cobró cifras millonarias a cambio de concesiones de taxi en San Miguel de Allende.
La Fiscalía General del Estado de Guanajuato logró mantener firme la condena contra Jorge Fernando Valencia Gallo, exdirector general de Transporte y Movilidad del Estado, quien quedó sentenciado de manera definitiva a cuatro años y seis meses de prisión por el delito de cohecho. Las investigaciones ministeriales determinaron su culpabilidad en un esquema irregular relacionado con concesiones de taxi y permisos operativos.
Los hechos asentados en la carpeta de investigación ocurrieron durante el año 2019. En ese periodo, el entonces funcionario público aprovechó su cargo en la administración estatal para ofrecer de manera ilegal permisos para operar taxis ejecutivos y concesiones tradicionales en el municipio de San Miguel de Allende. De acuerdo con el expediente, el exservidor público solicitó y recibió sumas de dinero por parte de decenas de transportistas locales.
Durante el desarrollo del proceso, la autoridad investigadora acreditó ante el juez que los afectados entregaron cantidades millonarias bajo la promesa de obtener las concesiones. Sin embargo, dichos permisos para brindar el servicio de transporte público nunca fueron otorgados, lo que provocó un daño patrimonial directo a numerosas familias dedicadas al sector de la movilidad en el municipio.
A lo largo del proceso penal, la defensa legal de Jorge Fernando Valencia Gallo intentó revertir la sentencia de prisión en Guanajuato mediante diversos recursos, incluyendo una apelación y, posteriormente, un juicio de amparo. No obstante, las autoridades judiciales del estado confirmaron la responsabilidad penal del exfuncionario y avalaron la pena privativa de libertad.
La resolución judicial estableció que el caso queda concluido en todas sus instancias, luego de que autoridades del fuero federal validaran el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. El tribunal únicamente dictaminó modificaciones en los aspectos relacionados con la reparación del daño a las víctimas, confirmando en su totalidad la legalidad de la sentencia por cohecho y el tiempo de reclusión.
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