El presidente municipal de San Diego de la Unión negó la participación directa de policías municipales en el fallecimiento de un joven en La Presita, asegurando que cooperarán con la Fiscalía para esclarecer los hechos y evitar especulaciones.
En medio de la controversia y la exigencia ciudadana en el norte del estado de Guanajuato, el gobierno municipal ha salido al paso de las acusaciones que señalan a elementos de la policía local como responsables de la muerte de un joven en la comunidad de La Presita, perteneciente a San Diego de la Unión.
Los hechos, que se viralizaron rápidamente y generaron indignación entre los habitantes, apuntaban preliminarmente a un presunto caso de abuso policial tras una intervención de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, el primer edil desestimó los señalamientos directos en contra de la corporación y pidió prudencia hasta que las autoridades ministeriales concluyan las indagatorias.
Respetando el debido proceso, el alcalde de San Diego de la Unión fijó una postura institucional para calmar la tensión en el municipio.
“Nos deslindamos categóricamente de los señalamientos sin fundamento que acusan a nuestros elementos; colaboraremos plenamente con la Fiscalía General del Estado para que la investigación arroje la verdad” , declaró el presidente municipal de San Diego de la Unión.
Para entender la magnitud del suceso, estas son las Claves del caso en La Presita:
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El origen del conflicto: El lamentable fallecimiento del joven ocurrió horas después de un reporte ciudadano que fue atendido por la policía municipal en la comunidad.
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La exigencia social: A través de redes sociales y manifestaciones locales, familiares acusan un presunto uso excesivo de la fuerza durante la detención.
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El proceso forense: La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato mantiene abierta la carpeta de investigación y será la necropsia de ley la que determine la causa oficial de la muerte de joven para deslindar responsabilidades.
La administración municipal reiteró que las puertas del ayuntamiento están abiertas para mantener un diálogo transparente con los familiares de la víctima. Asimismo, enfatizaron que, de encontrarse responsabilidad en algún servidor público tras el peritaje forense, se actuará con todo el rigor de la ley, pero exigieron no politizar la tragedia ni emitir veredictos sin sustento científico.
El caso mantiene a la opinión pública a la expectativa y subraya la necesidad de revisar los protocolos de actuación policial en todo el estado.
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