Ante la crisis de 5,524 desaparecidos en Guanajuato, el Congreso local debate una reforma para garantizar atención médica y psicológica inmediata a colectivos de búsqueda, eliminando trabas burocráticas y requisitos de afiliación.
El diputado local David Martínez Mendizábal presentó ante el Congreso de Guanajuato una iniciativa de reforma para establecer la figura de “Prioridad Reforzada” en el sistema de salud estatal. Esta adecuación legal busca obligar a las instituciones públicas a brindar atención médica y psicológica de forma gratuita, inmediata y obligatoria a víctimas directas e indirectas de desaparición, sin condicionar el servicio a la presentación de carnets, identificaciones o trámites administrativos previos.
Durante la exposición de motivos, se detalló que la desaparición de personas representa una problemática de alto impacto que erosiona la salud física y mental de los familiares. De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), actualizados al 24 de abril de 2026, Guanajuato contabiliza 5,524 personas desaparecidas, de las cuales 4,530 son hombres, 945 mujeres y 49 de estatus indeterminado.
Este fenómeno de violencia se concentra de manera drástica en el corredor industrial y la región Laja-Bajío. Tan solo seis municipios agrupan más del 50% de las víctimas a nivel estatal: Celaya encabeza la lista con 802 casos, seguido de León con 620, e Irapuato con 592. Salamanca, Villagrán y Pénjamo completan este bloque crítico.
Claves de la “Prioridad Reforzada” en salud:
-
Reforma estructural: Modificaciones directas a la Ley de Salud y la Ley para la Búsqueda de Personas de Guanajuato.
-
Cobertura universal: Acceso irrestricto a medicina general, psiquiatría, rehabilitación y suministro gratuito de medicamentos.
-
Cero burocracia: Prohibición absoluta de condicionar la atención de urgencia a la entrega de papeleo o afiliación institucional.
-
Atención especializada: Acompañamiento del trauma con perspectiva de género, derechos humanos y cero revictimización.
El diputado David Martínez Mendizábal, autor de la iniciativa, enfatizó la necesidad de adaptar las instituciones a la realidad de las familias buscadoras: “La vida y la integridad mental de las víctimas no pueden esperar a que se cumpla con un requisito administrativo. La falta de un documento no debe ser un obstáculo para la salud; los trámites pueden esperar, el dolor humano no”.
Con esta propuesta, el Congreso local analiza transitar de un modelo de urgencia básica a un sistema de rehabilitación continua, donde el Estado garantice protección y sanidad a los ciudadanos que dedican su vida a la búsqueda de sus familiares.
About the Author
