La Fiscalía General de la República enfrenta serias dificultades técnicas y legales para sostener las imputaciones por contrabando de combustible en buques. La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará la validez de las denuncias presentadas entre la transición del SAT y la ANAM.
El expediente promovido por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre un presunto esquema de contrabando de combustible —conocido como “huachicol fiscal”— se encuentra bajo revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debido a inconsistencias burocráticas y controversias en la legitimación de las querellas.
El caso involucra el ingreso de al menos tres buques al puerto de Tuxpan, Veracruz, entre octubre y diciembre de 2019. De acuerdo con las carpetas de investigación, las embarcaciones transportaron más de 89 millones de litros de diésel, de los cuales solo se habría declarado una fracción mínima, generando un presunto daño al erario por más de 593 millones de pesos.
Sin embargo, el proceso penal se ha visto afectado por vacíos en la representación legal de las autoridades hacendarias. Un Tribunal Colegiado de Apelación revocó decisiones previas al considerar que no se dio intervención adecuada a la autoridad aduanera correspondiente, debido a la reorganización operativa entre el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
La controversia radica en determinar si las querellas requeridas para perseguir el delito de contrabando fueron presentadas por la instancia con facultades legales vigentes al momento de la imputación. Ante este escenario, la SCJN asumió el análisis del asunto para fijar un criterio definitivo que determine si proceden o no las vinculaciones a proceso formuladas por la representación social.
La compañía sostuvo que la terminal opera lícitamente con los permisos vigentes emitidos por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Argumentan que actúan como prestadores de servicio de almacenamiento para clientes terceros y que han presentado la documentación que acredita la trazabilidad del producto.
El criterio que emita el máximo tribunal del país establecerá la validez técnica de las acusaciones del Ministerio Público Federal en expedientes tramitados durante periodos de reestructuración administrativa de las dependencias fiscales.
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