La Universidad Dolores Hidalgo (UDI) mantiene sus actividades académicas con normalidad y descarta cualquier clausura, tras precisar que la notificación oficial de la autoridad federal corresponde a un procedimiento administrativo sobre el programa de Enfermería y no a una suspensión de labores.
La institución educativa con sede en Dolores Hidalgo, Guanajuato, aclaró el estatus legal de sus operaciones frente a los rumores generados en torno a la inspección realizada por la Dirección General de Educación Superior Universitaria. René Briviesca Elías, representante legal de la UDI, detalló los puntos clave sobre la situación administrativa que enfrenta el centro de estudios, el cual cuenta con una trayectoria de 17 a 18 generaciones de egresados.
Situación actual de los programas y la inspección
El representante legal explicó que la intervención de la autoridad federal derivó en un acta circunstanciada de hechos de nueve hojas. Sin embargo, enfatizó que no existe ninguna orden de desalojo o clausura por parte de la fiscalía.
“Contrario a los rumores, el sello colocado corresponde a una notificación de seguimiento y un inicio de procedimiento administrativo; tanto el claustro docente como los alumnos continúan sus labores de manera normal”, puntualizó René Briviesca Elías, representante legal de la UDI.
Actualmente, la universidad ofrece 37 programas con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), que abarcan licenciaturas, maestrías y doctorados, con planes de incorporar próximamente la oferta de bachillerato.
El caso específico del programa de Enfermería
El núcleo de la observación realizada por la autoridad federal se centra en el requerimiento de una Opinión Técnica (OT o OTA) para el programa de licenciatura en Enfermería. Este documento es emitido por el sector salud y resulta indispensable para la asignación de campos clínicos y plazas de servicio social.
Ante este señalamiento, la postura jurídica de la institución se fundamenta en un juicio de nulidad ganado en el año 2000. Dicho antecedente determina que el programa obtuvo su RVOE mediante resolución legal, por lo que argumentan que la exigencia de la Opinión Técnica no les es aplicable de manera retroactiva.
Validez oficial y certeza para la comunidad estudiantil
Uno de los puntos que ha generado mayor confusión entre la opinión pública es la dualidad en la denominación de la institución. Al respecto, Briviesca Elías aclaró que UDI funciona como nombre comercial y de marketing, mientras que la razón social que posee el RVOE y emite la documentación oficial es el Colegio Universitario Bicentenario.
Asimismo, se garantizó que los títulos expedidos cuentan con códigos de barras y validación oficial ante las instancias federales. En el caso de los egresados que ya disponen de título y cédula profesional, se confirmó que pueden ejercer sin restricciones tanto en el sector público (como ISSSTE u hospitales estatales) como en el privado. La limitante derivada de la falta de la Opinión Técnica impacta de manera exclusiva a los estudiantes que se encuentran cursando etapas de prácticas profesionales o servicio social en determinadas dependencias públicas.
En cuanto a los tiempos de gestión, la institución indicó que, si bien el plazo interno máximo es de ocho meses, la implementación reciente de la certificación electrónica ha optimizado el trámite para concluirlo en aproximadamente un mes. Finalmente, se informó que un antecedente legal previo relacionado con el reconocimiento de validez oficial se prolongó por nueve años y fue resuelto de forma favorable para la institución en 2020, por lo que el equipo jurídico ya trabaja en el desahogo de las observaciones actuales para lograr el retiro de la notificación a la brevedad.
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