Tras el amparo de la SCJN que obliga a la Universidad de Guanajuato a la gratuidad en posgrados, Morena presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la UG y eliminar cobros de inscripción en todo el estado.
El Congreso del Estado de Guanajuato analiza una reforma estructural que podría cambiar el financiamiento de la educación superior en la entidad. El grupo parlamentario de Morena, encabezado por la legisladora Hades Aguilar Castillo, presentó una iniciativa para adicionar el Artículo 4 Bis a la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato (UG), con el fin de prohibir definitivamente el cobro de cuotas de inscripción y reinscripción en la máxima casa de estudios.
Esta propuesta surge como respuesta inmediata al Amparo en Revisión 526/2025 resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En dicho fallo, el máximo tribunal del país determinó que la educación superior es un derecho humano cuya gratuidad debe ser garantizada por el Estado, incluso en niveles de posgrado. El caso se originó cuando un estudiante de la UG fue dado de baja por falta de pago; la Corte no solo ordenó su reincorporación, sino la devolución de 20 mil 140 pesos por concepto de aranceles.
Durante su intervención en tribuna, la diputada Hades Aguilar Castillo fue enfática al señalar: “La educación que paga el pueblo no puede cerrarle las puertas a los hijos del pueblo. No es válido cargar el costo operativo a los estudiantes cuando existen fondos federales y presupuestos estatales destinados a este fin”. La legisladora cuestionó la gestión de los 3 mil 630 millones de pesos que integran el presupuesto de la UG, afirmando que existen recursos suficientes para absorber los costos operativos sin afectar la viabilidad institucional.
Por su parte, la Universidad de Guanajuato emitió un comunicado oficial donde manifestó su “absoluto respeto al orden constitucional”, confirmando que acatará la sentencia una vez sea notificada. No obstante, la institución aclaró que el fallo de la SCJN es, hasta ahora, de carácter individual para el quejoso y no una declaratoria general. La UG subrayó que la gratuidad es una responsabilidad concurrente, señalando que el Congreso del Estado tiene la obligación de “realizar las previsiones presupuestales necesarias” para compensar los ingresos que se dejarían de percibir.
Puntos clave de la iniciativa:
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Reforma de Ley: Adición del Artículo 4 Bis para garantizar la gratuidad total.
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Plazo de implementación: 30 días hábiles para que la UG ajuste sus reglamentos internos si se aprueba.
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Responsabilidad Financiera: Obliga al Congreso Local a asignar partidas específicas para suplir las cuotas estudiantiles.
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